Judith Casallaz y Orfilia Ocampo son dos de las cientos de mujeres buscadoras a quienes la desaparición forzada de un ser querido les cambió la vida. Desde entonces se han dedicado a la búsqueda de dichos familiares. Una búsqueda marcada por la incertidumbre, la espera y la ausencia de respuestas. Hoy, mientras el antiguo “Patio del Olvido” del Cementerio Central de Palmira es presentado como un símbolo de memoria, reconciliación y construcción de paz, ellas continúan haciéndose la misma pregunta que las acompaña desde hace décadas: ¿dónde están sus familiares?
Judith Casallaz lleva 19 años buscando a su hija, Mary Johanna Casallaz. La desaparición ocurrió el 7 de octubre de 2007, cuando Mary Johana se encontraba de paseo con su pareja en el corregimiento de Pueblo Pance, Cali. Desde entonces, Judith ha emprendido una búsqueda incansable y asegura que, durante el proceso, se ha sentido revictimizada por las instituciones del Estado que deberían acompañar y amparar estos procesos. En un doloroso relato, afirma que durante casi dos décadas no ha recibido respuestas; por el contrario, cada día le surgen más preguntas.
Otro caso es el de Orfilia Ocampo, quien lleva 23 años buscando a su hijo William Ocampo. Orfilia cuenta que William trabajaba en un local de la galería de Palmira, donde vendía zapatos. Ella relata que el día de la desaparición de su hijo —en 2003— lo subieron a una camioneta de color rojo y, desde entonces, no volvió a saber nada de él.
Aunque sus historias son distintas, las trayectorias de Judith Casallaz y Orfilia Ocampo son el ejemplo de la experiencia compartida por cientos de familias en Colombia: la búsqueda prolongada de un ser querido desaparecido. Esa búsqueda individual, sostenida durante años por madres, esposas, hermanas e hijos, también forma parte de un esfuerzo colectivo más amplio impulsado por organizaciones sociales y comunidades que buscan esclarecer el paradero de las personas desaparecidas.
¿Reconciliación sin respuestas?: El Patio de la Memoria y la construcción de paz territorial
Judith Casallaz, madre de Mary Johanna, sosteniendo un panfleto con la foto de su yerno e hija. Fuente: AFP
Uno de esos escenarios se encuentra en Palmira, donde un lugar históricamente asociado al abandono y al silencio comenzó a transformarse en un espacio destinado a la memoria, la búsqueda y la reconciliación. Allí, el antiguo “Patio del Olvido” fue transformado con el objetivo de preservar la memoria de las personas desaparecidas y aportar a los procesos de identificación que aún esperan cientos de familias en el país.
En Palmira, municipio ubicado en el sur del Valle del Cauca y uno de los territorios afectados por las dinámicas del conflicto armado en la región, el Cementerio Central se convirtió en un lugar clave para la búsqueda de personas desaparecidas. En su parte posterior se encuentra el Patio Dos, una zona de aproximadamente 800 metros cuadrados que durante años fue conocida como el “Patio del Olvido”.
Se le conocía de esa manera porque allí fueron inhumadas personas no identificadas y cuerpos identificados que nunca fueron reclamados por sus familiares. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en este lugar reposan alrededor de 670 cuerpos, lo que lo convirtió en un sitio de interés forense para las labores de búsqueda e identificación de víctimas del conflicto armado.
A finales de 2023 comenzó a tomar forma una iniciativa impulsada por la Corporación Humanitaria Reencuentros, integrada por firmantes de paz; la Fundación Comité de Reconciliación, conformada por comparecientes de la Fuerza Pública; y la Corporación para el Desarrollo Regional, organización de víctimas. El proyecto surgió tras las investigaciones adelantadas por la UBPD en el cementerio, las cuales permitieron identificar el potencial del lugar para la búsqueda de personas desaparecidas y evidenciaron la necesidad de mejorar las condiciones de conservación de los restos allí inhumados.
Con el acompañamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y diversas entidades nacionales e internacionales, se propuso resignificar el antiguo “Patio del Olvido” mediante la construcción de 600 osarios o repositorios de memoria, el Jardín de la Esperanza y un mural con la frase “Nos juntamos para encontrarles. Solo desaparece quien se olvida”. La iniciativa buscó aportar a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, al tiempo que promovía escenarios de encuentro y reconciliación entre víctimas, firmantes de paz y comparecientes de la Fuerza Pública.
Entrada al Patio de la Memoria en Palmira. Foto: Manuela Pérez.
El interés de la UBPD por el Cementerio Central de Palmira surgió a partir de la búsqueda de Alejandro Girón García, excombatiente de las antiguas FARC-EP conocido como “Esteban”. Según un informe de Hacemos Memoria —unidad de la Universidad de Antioquia que investiga, discute y propone diálogos públicos sobre los conflictos armados y sus memorias—, sus familiares solicitaron apoyo para conocer el paradero de su cuerpo, pues tras morir en un combate ocurrido en enero de 2012 en zona rural de Florida, Valle del Cauca, nunca supieron dónde había sido sepultado.
La investigación adelantada por la UBPD y la Corporación Humanitaria Reencuentros permitió reconstruir su recorrido después de la muerte mediante la revisión de documentos, testimonios y el cruce de información con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). Ese trabajo condujo hasta el Cementerio Central de Palmira, donde el cuerpo había sido inhumado como persona no identificada en una zona conocida como el Patio del Olvido.
En mayo de 2024, la UBPD recuperó sus restos y, a partir de esa intervención, realizó una caracterización forense del lugar. El análisis reveló que allí reposaban cientos de cuerpos de personas no identificadas o identificadas no reclamadas, además de problemas relacionados con la conservación y custodia de los restos. Lo que comenzó como la búsqueda de una sola persona terminó convirtiendo al antiguo Patio del Olvido en un sitio de interés forense para la búsqueda de personas desaparecidas en el sur del Valle del Cauca.
Patio de la Memoria
Según el Informe de Rendición de Cuentas del punto 5 del Acuerdo de Paz del municipio de Palmira, la construcción de osarios en el Cementerio Central fue planteada como una acción reparadora (TOAR) orientada a dignificar los cuerpos de personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas. La iniciativa también contempló la elaboración de un mural conmemorativo para honrar la memoria de las personas desaparecidas. El documento señala que el proyecto contó con el respaldo de víctimas y comunidades, y que constituye un aporte a los procesos de reconciliación y construcción de paz en el municipio.
Juliana González, responsable de la Unidad de Víctimas de Palmira, habló sobre el proyecto que se desarrolló en el Patio Dos. González explicó que fue un proceso que inició en 2023 y que articuló a tres grupos: comparecientes —firmantes de las antiguas FARC-EP—, ex integrantes de la Fuerza Pública y víctimas del conflicto. Según la funcionaria, cada grupo desarrolló un proceso particular y solo hasta la entrega final del proyecto se produjo un encuentro entre ellos. La materialización de dicho proceso se llevó a cabo en un evento celebrado el 27 de agosto de 2025.
González añade que los que iniciaron el proceso fueron los firmantes de las antiguas FARC-EP, quienes comenzaron la búsqueda de sus propios desaparecidos y muertos en combate con el propósito de intentar devolverlos a sus familias. Además, explica que estos firmantes ya adelantaban un proceso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y decidieron invitar a los ex integrantes de la Fuerza Pública a sumarse al proyecto.
Este proyecto estructural en el Patio Dos se enmarca en el Macrocaso 05 de la JEP. Este caso prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado interno y abarca el territorio correspondiente al sur del Valle del Cauca. Además, el Macrocaso 05 hace parte de los 11 macrocasos que actualmente adelanta la JEP.
En ese contexto, 19 días después de la entrega del proyecto en el Patio Dos, el comunicado 148 de la JEP informó que se establecieron sanciones relacionadas con procesos de búsqueda y restauración vinculados a personas desaparecidas. En el documento se señala que “(…) inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca”.
Como se dijo anteriormente, la UBPD estimó que en el Patio dos reposan alrededor de 670 cuerpos que podrían estar relacionados con la desaparición de personas en el contexto del conflicto armado. En este sentido, Juliana González señaló que, si bien en el lugar hay más de 600 cuerpos, no todos corresponden a casos de desaparición forzada. En el lugar reposan tanto cuerpos no identificados como identificados no reclamados, lo que complejiza la caracterización del universo de víctimas.
Asimismo, González precisa que no todos los restos corresponden a personas desaparecidas en Palmira. Por el contrario, el universo de cuerpos que reposan en este espacio incluye casos provenientes de distintos municipios y lugares del territorio, entre ellos Florida, Pradera, Candelaria y El Cerrito, así como de otros departamentos, como el norte del Cauca y el Tolima.
Mujeres Buscadoras
El proceso del Patio dos tuvo una particularidad, las víctimas; es decir, las mujeres buscadoras, fueron el último grupo en unirse al proyecto. Juliana Gonzáles explica que “No reunieron a los tres grupos de inmediato, sino que fue un proceso gradual para asegurar que el encuentro fuera realmente un ejercicio de reparación y construcción de paz, y no algo traumático”.
En este sentido, una madre buscadora —quien solicitó no publicar su nombre— declaró que, en diciembre de 2025, asistió a una reunión en la Pastoral Social, en la que una compareciente (exintegrante de las FARC-EP) afirmó que en el terreno del Patio Dos no había cuerpos de civiles. Según su testimonio, esta afirmación sugería que el proyecto pertenecía al grupo de los firmantes de paz y no a las mujeres buscadoras.
La mujer añadió que la participación de algunas madres buscadoras en el proceso se limitó al acondicionamiento del denominado “Jardín de la Esperanza”. Asimismo, señaló que los osarios que han sido ocupados corresponden al grupo de comparecientes y no a víctimas. Este encuentro tuvo lugar después de la materialización del proyecto estructural, que incluyó la construcción de los osarios, el “Jardín de la Esperanza” y el mural simbólico.
Judith y Orfilia hacen —o hicieron— parte de una de las organizaciones de Mujeres Buscadoras en Palmira. En este sentido y teniendo en cuenta la incansable labor de búsqueda que realizan estas mujeres, el Estado colombiano dio un paso fundamental con la expedición de la Ley 2364 de 2024, que las reconoce formalmente como sujetas de especial protección constitucional. Esta normativa busca brindar protección integral a la labor y a los derechos de las Mujeres Buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Desaparición forzada como delito
La reforma constitucional de 1991 marcó un punto importante en cuanto al reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia. En el artículo 12 de la Constitución se estableció que: “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; sin embargo, no fue sino hasta el año 2000 cuando este crimen se tipificó formalmente como delito a través de la Ley 589: “Por medio de la cual se tipifica (…), la desaparición forzada (…)”, incorporándose al Código Penal colombiano como una grave violación a los derechos humanos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) explica que la desaparición forzada no se limita a la ausencia de una persona. Se trata de una práctica en la que alguien es privado de la libertad y, posteriormente, se oculta cualquier información sobre su paradero, dejando a las familias en una búsqueda permanente marcada por la incertidumbre. Se considera también como un delito de lesa humanidad debido a que sus efectos trascienden a las víctimas directas al quebrantar valores fundamentales relacionados con la identidad, la memoria colectiva y la dignidad humana.
En este sentido, el código penal colombiano en su artículo 165 de la Ley 599 de 2000 establece que: “es víctima la persona que ha sido sometida a desaparición forzada”, considerando además que se trata de un delito de carácter pluriofensivo, debido a que vulnera múltiples derechos humanos. Asimismo la Ley 1408 de 2010 reconoce que la desaparición forzada no afecta únicamente a la persona desaparecida. Sus consecuencias también recaen sobre los familiares, que enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su ser querido, y sobre la sociedad en general, que resulta impactada por una práctica que vulnera derechos fundamentales y afecta la memoria colectiva.
La labor de los grupos de búsqueda ha sido fundamental para el reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia. En este contexto surgió la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), una de las organizaciones que logró posicionar ante la comunidad internacional la ocurrencia de este crimen en el país. En 1988, Asfaddes impulsó la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y en dicha visita recomendó de manera urgente la tipificación de la desaparición forzada como delito.
Recuento histórico
Para comprender cómo la desaparición forzada se consolidó como una práctica en Colombia, es necesario remontarse a uno de los casos más emblemáticos registrados en el país. El 9 de septiembre de 1977 marcó un precedente en el territorio colombiano. Ese día, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años, fue capturada en Barranquilla junto a su compañero Mauricio Trujillo Uribe por agentes de la Fuerza Pública pertenecientes al F2 —organismo de inteligencia del Estado—. Ambos viajaban para participar en el Paro Cívico Nacional, movilización impulsada por el descontento social y económico que se tenía hacia el gobierno del expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978). Tras la detención, ambos fueron llevados a una playa cercana donde los separaron. Trujillo fue torturado durante dos días y posteriormente trasladado a la Estación de Policía de Soledad, mientras que de Montoya nunca volvió a saberse nada.
Durante los años siguientes, Trujillo Uribe denunció reiteradamente ante la Procuraduría la desaparición de su compañera. Sin embargo, solo hasta 1982 —cinco años después de los hechos—, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional concluyó que Omaira Henao sí había sido capturada y desaparecida desde aquella fecha. Aunque el caso de Montoya no fue el primero en ocurrir, sí se convirtió en el primer registro oficial de desaparición forzada en Colombia.
Este “origen” estuvo enmarcado en un contexto convulso del país, porque la práctica de la desaparición forzada fue asociada a la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y empezó a llevarse a cabo como un ejercicio contrainsurgente por parte de miembros de las fuerzas militares.
En el contexto internacional, en 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias con el objetivo de ayudar a las familias de personas desaparecidas a esclarecer su paradero y prestar asistencia a los Estados en la prevención y erradicación de esta práctica.
Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) reportaron 384 víctimas de desaparición forzada durante el periodo presidencial de Turbay Ayala. Este hecho empezó a reflejar cómo la desaparición forzada fue convirtiéndose en una práctica regular, vinculada con el aumento de las detenciones y al incremento en las denuncias por tortura.
El recuento en cifras de la desaparición forzada
Las cifras que documentan el CNMH y el OMC — a corte de 9 de septiembre de 2025— resultan dicientes, porque reflejan la magnitud de la afectación que ha tenido el país frente a la práctica de desaparición forzada. Cerca de 69 mil casos de personas víctimas de este delito han sido registrados en Colombia entre 1944 y 2025.
En cuanto al territorio, el Valle del Cauca es el tercer departamento de Colombia con mayor afectación por el delito de desaparición forzada. El CNMH y el OMC registran cerca de 3 mil quinientas víctimas. Los territorios con mayor número de casos registrados son Antioquia, con más de 17 mil víctimas, y Meta, en segundo lugar, con una cifra superior a las 4 mil —a corte de 9 de septiembre de 2025—.
Según el portal de datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en el Valle del Cauca se registran cerca de 9 mil personas desaparecidas. Para Palmira, la cifra asciende a 334 casos correspondientes al periodo comprendido entre 1976 y 2016, rango temporal que la entidad definió como universo de búsqueda en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
Deuda de verdad
El documento de rendición de cuentas señala aspectos clave del proceso que se ha desarrollado en el Patio Dos, ahora Patio de la Verdad. Allí se afirma que la intervención de este lugar “tiene un impacto significativo en la reparación simbólica, ya que brinda a las víctimas un espacio de memoria y dignificación”. Asimismo, se menciona que el proyecto posee un carácter restaurativo, con el propósito de responder a la necesidad de las víctimas de contar con un espacio donde puedan rendir homenaje a sus seres queridos, además de contribuir a la búsqueda y al esclarecimiento de la verdad, uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz.
Las mujeres buscadoras han sido fundamentales en la lucha contra la impunidad y en la construcción de memoria histórica en Colombia. A través de su búsqueda constante, han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia. Su labor ha transformado el dolor en resistencia, resignificando el duelo y fortaleciendo procesos comunitarios, así como procesos de reconciliación con diversos actores del conflicto. Sin embargo, aún enfrentan múltiples desafíos relacionados con la protección, el acompañamiento y el reconocimiento de sus derechos.
No obstante, en sus testimonios aparece un punto en común que se repite constantemente: la falta de verdad. Aunque sus opiniones frente al proyecto del Patio de la Memoria pueden ser distintas, cada mujer buscadora continúa clamando por respuestas sobre su familiar desaparecido. Además, coinciden en señalar que, desde el inicio de la búsqueda, han enfrentado un proceso profundamente solitario y que, durante años, han tenido que sostenerse por sí mismas en medio de la incertidumbre y la ausencia de respuestas.
Además, mientras el Patio de la Memoria puede llegar a consolidarse como un lugar de dignificación y búsqueda, Judith Casallaz sigue esperando noticias de Mary Johanna y Orfilia Ocampo continúa preguntándose qué ocurrió con su hijo. Para ellas, como para cientos de familias en Colombia, la construcción de osarios, murales y espacios de memoria llegan a representar un avance importante. Sin embargo, la verdadera reparación sigue estando ligada a una pregunta que permanece abierta: saber dónde están sus seres queridos y qué ocurrió con ellos.
